Acuerdos internacionales

Acuerdos internacionales

Plan El Salvador sustentable

Por su geomorfología, ubicación geográfica y orografía, El Salvador está expuesto a amenazas de origen natural, tales como huracanes, inundaciones, terremotos, deslizamientos, erupciones volcánicas, sequías y los fenómenos de El Niño y La Niña. Se estima que el 88.7 % del territorio nacional, que concentra al 95 % de la población, constituye una zona de riesgo (GFDRR, 2010).

De manera recurrente en la última década, el país ha sido incluido entre los 15 países más vulnerables. Al igual que el resto de Centroamérica, El Salvador es uno de los países más expuestos a las consecuencias del cambio climático.

ACUERDO: 

1. Restaurar, rehabilitar y reforestar las zonas de recarga hídrica y las zonas vulnerables priorizadas por el Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes y por el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH)

METAS: 

1.1: Para 2020, al menos el 25 % (250,000 Ha) de las zonas degradadas están restauradas; y para 2030, se han restaurado 1,000,000 Ha. 

1.2: Para 2030, se ha logrado aumentar la cobertura arbórea de El Salvador en un 25 % respecto al inventario forestal de 2017, con rehabilitación y restauración de especies adecuadas, y se hace un control y uso eficiente del recurso forestal (madera, leña).

 1.3: Para 2019, se han recuperado 10,000 Ha de bosque salado y de ecosistemas aledaños. 

1.4: Para 2020, se implementa un sistema de parques urbanos con servicios ambientales de beneficio a la población, reforzando la restauración, rehabilitación y reforestación en dichas áreas.

REFERENTES Y SOCIOS: 

Referentes: MARN, OPAMSS, MAG, sector empresarial, COMURES, FIAES. 

Socios: Organizaciones sociales, iglesias, movimientos juveniles, banca de desarrollo.

ACUERDO:

Fortalecer la resiliencia de la sociedad salvadoreña, a través de la prevención y preparación para la respuesta, y la recuperación en la infraestructura pública y productiva para evitar la persistente reproducción de condiciones de vulnerabilidad.

METAS:

2.1: Para 2020, todas las instituciones públicas han incorporado la gestión integral del riesgo en su planificación presupuestaria, asignándole al menos un 10 % de su presupuesto; y con ello, en 2030, se ha reducido la vulnerabilidad del 100 % de la red de infraestructura vial en su red primaria, de los establecimientos de tercer nivel de salud y de la infraestructura de los centros educativos a nivel nacional, para garantizar la conectividad y los servicios. 

2.2: Para 2020, todos los nuevos proyectos de inversión pública incorporan el enfoque y las medidas de gestión integral del riesgo para la reducción de desastres. 

2.3: Para 2020, se ha actualizado y armonizado el marco legal en materia de gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático, incluyendo sus contenidos técnicos y operativos (política de gestión integral de riesgo, normativas de diseño y construcción, desarrollo urbano y exigencias para el otorgamiento de permisos). 

2.4: Para 2020, todos los municipios cuentan con Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ante eventos hidrometeorológicos; y los municipios costeros, ante tsunamis. ´También, los municipios con riesgos sísmicos cuentan con planes de contingencia ante terremotos. Además, para 2022, todos los municipios cuentan con SAT de conformidad con las amenazas establecidas en el Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, según su situación de riesgo.

 2.5: Para 2018 se cuenta con el componente de reconstrucción con transformación del Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y con estrategias para la transferencia de riesgo. Y para el 2020, las instituciones públicas y privadas cuentan con planes para la recuperación con transformación. 

2.6: Para el 2020, el sector empresarial incorpora en su planificación, operación y nuevas inversiones, medidas y acciones para la gestión integral de riesgos, de acuerdo al giro de su actividad económica. 

2.7: Para 2019, se han actualizado los protocolos de alerta temprana y atención a las emergencias en los principales escenarios de amenazas, y se ha capacitado a los usuarios en su utilización.

 2.8: Para 2020, en el marco de la implementación de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial vigente, se han generado instrumentos de planificación fortalecidos y coherentes con la gestión del riesgo y el uso adecuado del suelo, incluyendo una estrategia nacional para reducir los factores subyacentes del riesgo (que incluyen: desarrollo urbano no planificado, medios de vida rurales vulnerables y la degradación de ecosistemas).

REFERENTES Y SOCIOS: 

Referentes: CNODT, Asamblea Legislativa, MARN, SAV, MIGOBDT, sector empresarial, sector de la construcción, Ministerio de Hacienda, MINSAL, MOP, VMVDU, ISDEM, COMURES. 

Socios: Organizaciones sociales, banca de desarrollo, sector financiero.

ACUERDOS: 

3. Invertir en obras hidráulicas de regulación, protección, recuperación de cuencas y multipropósito, priorizadas por el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH), ejecutadas en diferentes escalas al 2020 y al 2030.

METAS:

3.1: Para 2020, a través de inversión pública y alianzas con el sector privado, se ha realizado al menos el 20 % de las obras hidráulicas de regulación y multipropósito priorizadas por el PNGIRH. Para 2030, se ha realizado el 100 % de las inversiones propuestas. 

3.2: Para 2025, se han adoptado tecnologías en ecohidrología para la recuperación de aguas superficiales en la zona norte del país priorizada en el PNGIRH. 

3.3: Para 2020, se cuenta con el Plan Maestro de Drenajes del AMSS; y para 2025, se implementa el plan y se ha integrado en la planificación para nuevos desarrollos los sistemas de gestión de agua en el AMSS. 

3.4: Para 2019, se han acordado y puesto en marcha directrices de sostenibilidad hídrica que creen las condiciones institucionales y sociales para facilitar el desarrollo de obras, actividades y proyectos que reduzcan las vulnerabilidades asociadas a fenómenos hidrometeorológicos.

RECURSOS Y SOCIOS: 

Referentes: Sector empresarial, ANDA, MARN, gobiernos locales, MOP + DACC, MAG, CEL, gobiernos municipales.

Socios: Sector financiero

ACUERDOS:

4. Implementar planes de desarrollo sustentable en las regiones más vulnerables del país, sus cuencas hidrográficas, el Corredor Seco y la zona costero-marina del país, armonizados con las políticas públicas sectoriales respectivas.

METAS:

4.1: Para 2019, las entidades públicas, las municipalidades y los Consejos Departamentales de Municipalidades (CDA) incorporan en sus planes institucionales, los lineamientos y medidas establecidos para la gestión de riesgos ante fenómenos extremos en las 4 zonas prioritarias de la zona costera definidas por el PNGIRH (Cara Sucia-San Pedro; Grande de Sonsonate-Banderas; Estero de Jaltepeque; Bahía de Jiquilisco). 

4.2: Al 2025, el territorio del Corredor Seco muestra avances de al menos un 40 % en la restauración de ecosistemas y cuencas hídricas, reduciendo la vulnerabilidad ante fenómenos extremos de dicho territorio.

 4.3: Al 2025, los municipios que conforman el Corredor Seco han implementado la política de cambio climático del sector agropecuario y el programa de reducción de vulnerabilidad y promoción de la resiliencia y seguridad alimentaria, mejorando en un 75 % los índices de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de su población.

 4.4: Al 2025, la región costero-marina ha reducido sus niveles de vulnerabilidad ante fenómenos extremos, implementando efectivamente la política de mares y costas, promoviendo medios de vida sostenibles y recuperando y restaurando áreas y ecosistemas claves para la adaptación y la resiliencia.

RECURSOS Y SOCIOS:

Referentes: MARN, MAG, sector empresarial, MITUR, gobiernos municipales, COMURES, MINGOBDT y CNODT. 

Socios: Organizaciones de la sociedad civil, ISDEM, Corte de Cuentas de la República, FISDL.